Durísima réplica de la familia Ciccone a Boudou
La familia Ciccone rompió su silencio. Y lo hizo, dos años después de que estallara el escándalo, para acusar al vicepresidente Amado Boudou de actuar de una manera "bestial" y "deleznable", y recordarle que como dueños de la imprenta gráfica más importante del país los "forzaron a vender" sus acciones, por las que aún hoy no cobraron "ni un solo peso".
Las declaraciones de los Ciccone aparecen en una solicitada que se publica en la edición de hoy de LA NACION. De este modo, salieron al cruce de Boudou, que los había acusado de "jorobar con un muerto", al relativizar el testimonio que firmó uno de los dos fundadores de la empresa, Héctor Ciccone, poco antes de su muerte, y que una de sus hijas presentó ante la Justicia como prueba de la participación del vicepresidente en la controvertida venta de la imprenta.
Boudou había apelado para ello a su cuenta en Twitter y a una entrevista radial. Agregó que los Ciccone "no tienen límite" y que eran "capaces de embarrar al muerto, al hermano".
"La familia [Ciccone] es capaz de truchar algo de una persona que falleció y ya no se puede corroborar. [El escrito firmado por Héctor Ciccone] es trucho y es tremendo desde el punto de vista de lo que puede hacer la gente por plata. Por plata y por poder", sostuvo el vicepresidente.
La respuesta de los Ciccone demoró quince días en llegar, según reconstruyó LA NACION, porque las hijas de Héctor Ciccone, Silvia y Graciela, impulsaron un texto muy duro, mientras que sus abogados del estudio Cangueiro & Ruiz buscaron no eclipsar los avances en la vía judicial con una polémica pública.
"Su afirmación de que «somos capaces de embarrar a un muerto» es realmente ofensiva y vergonzosa", le reclamó la familia, con las firmas de Silvia y Graciela Ciccone y el hermano de Héctor y también fundador de la imprenta, Nicolás Ciccone. "Ni el oprobio de enfrentar, siendo vicepresidente de la Nación, una grave causa penal ni la más desesperada estrategia de defensa para intentar escapar de las consecuencias de la misma pueden justificar semejante bestial, deleznable y cruel manifestación de su parte, empañando la memoria de un hermano, padre y abuelo fallecido."
Los Ciccone afirmaron además que Boudou pretende provocar "confusión en la opinión pública", al afirmar que el texto firmado por Héctor era "trucho", y le recordaron que un notario, Carlos Luaces, certificó su firma, lo que se plasmó en el "acta de requerimiento del escribano certificante bajo el número 186 del Libro 142, F008168466".
En la misma línea que Boudou, uno de sus abogados defensores, Diego Pirota, llegó a afirmar que el acta era falsa, ya que no se había plasmado en el protocolo notarial. En rigor, las firmas se certifican en otro libro.
En la misma línea, los Ciccone respondieron a otro argumento de la defensa de Boudou, que buscó poner en duda la autenticidad del texto porque la familia había demorado dos años en aportarlo ante la Justicia. Desde la solicitada que publicó la familia llegó la respuesta, al indicar que la presentaron las hijas de Héctor Ciccone cuando las citó el juez federal Ariel Lijo, "es decir, en la primera oportunidad que tuvieron para hacerlo".
Estructurada con cinco grandes ejes que la familia Ciccone buscó refutar, la solicitada también expone sus argumentos sobre los supuestos objetivos económicos que les endilgó Boudou, que sostuvo que "ésta es una cuestión armada por la familia Ciccone para seguir quedándose con la plata de todos los argentinos".
"Que el acta tenga un contenido que a Ud. [por el vicepresidente] pueda no favorecerle", le retrucaron los Ciccone, no puede llevarlo a afirmar "ligeramente que nuestra familia pretende quedarse con dinero de los argentinos".
"De esa empresa que con tanta dedicación llevamos adelante nos forzaron a vender nuestras acciones, primero, y la expropiaron, después, sin pagar un solo peso, pretendiendo ilegítimamente compensar el precio expropiatorio con una supuesta deuda con la AFIP", abundaron los Ciccone. "En ese proceso actuó, en representación de la empresa, el interventor Hernán Lorenzino, quien como ministro de Economía integra el Estado expropiante y representa como interventor a la sociedad expropiada. Mayor conflicto de intereses parece inimaginable."
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