Después de la difusión del mapa del delito en Bariloche por el gobernador Weretilneck se inició una polémica que pretende desviar la atención del verdadero objetivo: la necesidad de una reacción social frente a la ofensiva de la delincuencia.
En estas semanas se escucharon muchas voces. Se habló de sentencia sin juicio previo, se acusó al gobernador de un “accionar típico de la Triple A”, de violación de los derechos humanos. La Justicia se apresuró en los habeas corpus y habeas data. Y se escondió lo que realmente importa: cómo reaccionan los poderes del Estado para enfrentar este desafío mayúsculo que nos plantea el delito. Que es, ni más ni menos, que quien tiene el control de los espacios públicos.
Y la respuesta es simple: o controlamos desde la sociedad para que todos podamos disfrutar de esos lugares comunes; o los controlan los delincuentes y los ciudadanos comunes nos tenemos que guarecer en nuestras casas. Y ni siquiera allí estaremos seguros.




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