La investigación por la presunta tentativa de extorsión que se atribuye a un abogado entró en etapa de juicio. En la audiencia preliminar fueron rechazados los planteos de nulidad realizados por la defensa respecto de las escuchas telefónicas y fue admitida la totalidad de la prueba presentada por las partes.
 
Como planteó el fiscal en la acusación, se trató y se resolvió el sobreseimiento de quien previamente había sido imputado como partícipe. Se trata del detenido que con su computadora personal filmó a dos policías dentro de su calabozo. El interno entregó este material a su abogado, pero no hay ninguna prueba de que quisiera utilizarlo para extorsionar, sino simplemente para reclamar por sus derechos.
 
El fiscal Fernando Rivarola oralizó el hecho que intentará probar en el juicio y enumeró la prueba con la que lo hará. La defensa a cargo del Dr. Hugo Cancino, realizó planteos de nulidad respecto de instancias centrales en la investigación, como lo fue la realización de escuchas telefónicas. Sobre este punto el juez Jorge Criado aclaró que es necesario tener en claro que la investigación que pesa sobre el imputado lo es ante la posible comisión de un delito y no por el ejercicio de su profesión de abogado, por lo tanto le caben las mismas garantías que a cualquier otro imputado. “Toda la Constitución tiene para los imputados un vademecum de muchísimas garantías, no encontré ninguna que diga que hay una garantía para la impunidad”, sostuvo el juez. La defensa había planteado que al igual que para los allanamientos en estudios jurídicos, debe darse aviso al Colegio de Abogados. El juez coincidió con el fiscal en que en el caso de las escuchas telefónicas se está ante una medida de imposible cumplimiento si se da aviso a alguien. “Perjuicio procesal no es lo mismo que agravio constitucional… Aquí no hubo ninguna afectación al derecho de defensa del imputado”.
 
Resta ahora la designación del juez que tendrá a su cargo la dirección del debate, y la fijación de la fecha de juicio.
 
El hecho
 
El hecho acusado comenzó a realizarse el 20 de marzo de este año, cuando el imputado en su calidad de abogado defensor de un detenido en la comisaría de Trevelin, se entrevistó con una oficial de policía intimidándola con manifestaciones como “… vamos a hablar a calzón quitado, yo tengo una filmación donde apareces con otro oficial en los calabozos, mientras lo internos no estaban, haciendo cosas que vos sabés que vas a perder tu carrera si yo vendo el video…” Luego de esto le habría pedido el traslado de su defendido y $25 mil por su silencio. Después existieron comunicaciones telefónicas entre la víctima y el imputado en las que discutieron el monto, acordando una suma menor $ 15 mil que debería realizarse en efectivo por sistema de homebanking. El imputado prometió que una vez que se verificara la transferencia destruiría el registro audiovisual.
El 28 de mayo se encontraron a las 10:30 hs. en una estación de servicios de Esquel. Allí la oficial verificaría la existencia del video. En ese contexto el imputado fue aprehendido por personal policial.
 
“Luego de recuperada su libertad, el imputado, procedió a concertar entrevistas periodísticas en forma personal, facilitando a los distintos medios de comunicación masiva (orales y escritos) copia del video obtenido por el interno, concretando sus amenazas de difundir el mismo tanto en aquellos medios como en internet, concretando el perjuicio amenazado”, indicó Rivarola.
 
 
Sonia Pilar Vaamonde
Coord. Provincial de Comunicación Institucional
Comunicación Institucional MPF - Esquel



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