La Dirección General de Escuelas de Mendoza presentó un proyecto que busca sancionar a los padres que agredan física o verbalmente a los docentes, con multas o arresto de hasta treinta días.
La directora de Escuelas mendocinas, María Inés Abrile de Vollmer, presentó a la Legislatura un proyecto que plantea modificar el Código de Faltas de la provincia, "con el fin de proteger los derechos y potenciar el rol del docente, como también poner límites a los padres que agredan física o verbalmente al personal docente, no docente y directivos".
Según la propuesta, quien ofenda "en forma personal y directa con burlas, mofas, palabras, señas o actos a personal docente o no docente con desempeño en establecimientos educativos públicos de gestión estatal o privada", la pena podrá constar de "hasta treinta días de arresto y la multa hasta tres mil pesos".
Además, propone incorporar al Código la "omisión del deber de vigilancia activa de los padres" que establece obligaciones que deben cumplir los progenitores o tutores de los menores en relación a la escuela.
En ese marco, señaló que en caso "de manera reiterada e injustificada, omitieren cumplir los compromisos asumidos con los establecimientos educativos", como el no cumplimiento de los horarios de ingreso a clases y retiro de los menores luego de finalizado el horario escolar, serán multados.
Las autoridades del establecimiento escolar "deberán dar intervención a los organismos públicos de protección de derechos que correspondan cuando los incumplimientos aludidos pongan en peligro la integridad y seguridad psicofísica de los menores", añadió el proyecto.
Vollmer explicó que su iniciativa "tiene por sentido ponerle una pauta de control a la situaciones de agresión en los docentes que se han vivido más frecuentemente en este último tiempo".
"El proyecto de ley va a modificar el Código de Faltas actual para incluir como falta nueva la agresión a un docente o directivo o celador, teniendo en cuenta que el docente es el que educa a los chicos", remarcó la funcionaria.
Luego profundizó que su proyecto "intenta recuperar autoridad pedagógica y prestigio profesional docente evitando que sufra agresiones que lo lesionan física y psicológicamente".
"Desde el gobierno escolar consideramos que la figura del docente es fundamental en el proceso educativo, ya que es la persona a la que el Estado le confía la fundamental tarea de educar a nuestros niños y jóvenes, por ello necesitamos que se sientan protegidos y contenidos", recalcó.
Finalmente expresó que "el proyecto potencia el rol del docente, protegiendo sus derechos y le pone un límite a un grupo minoritario de padres que no saben comportarse y pierden el control en situaciones determinadas". (DyN)




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