El asesinato de un remisero, y el violento asalto a uno de sus colegas, provocó varios piquetes y una movilización. Fuertes críticas del gobierno hacia al poder judicial.
La paz entre la Justicia y el Gobierno provincial parece haber durado solamente los dos meses que lleva la administración Buzzi. El asesinato de un remisero en Comodoro Rivadavia y el violento asalto a otro trabajador del volante reavivaron la polémica entre el Poder Ejecutivo y el Judicial por un tema que es el talón de Aquiles de los últimos gobiernos chubutenses: la inseguridad. El dato más fuerte surgido después de los violentos hechos (ver páginas 4 a 8) fue el anuncio del gobernador de iniciar un jury de enjuiciamiento a los integrantes de la Fiscalía de la ciudad petrolera. La respuesta casi inmediata llegó desde la propia Fiscalía involucrada e incluso del procurador general, Jorge Miquelarena, en dos comunicados que giraron en el mismo argumento: la inseguridad no es responsabilidad de ese poder sino del accionar de la Policía, que depende del Ejecutivo.

Luego del asesinato y del robo producidos entre la noche del jueves y la madrugada de ayer, la línea cronológica de las declaraciones la comenzó el ministro de Gobierno y responsable de la Policía del Chubut, Javier Touriñán, quien además de funcionario es oriundo de Comodoro Rivadavia. Touriñán anticipó, por la mañana, lo que Buzzi anunciaría pocos minutos después: dijo que los responsables de que los detenidos “entren por un lado y salgan por otro” son, entre otros, el procurador Miquelarena, quien “si no hace nada se tendrá que ir”.

Luego de que por los hechos “fueron detenidas una persona menor y una persona de 23 años de sexo femenino que habían abordado los remises”, Touriñán sostuvo: “No puede ser que este tipo de personas que cometen estos hechos entren por un lado y salgan por el otroy que no pase nada porque estos delincuentes presienten que hay impunidad y en ese contexto les da lo mismo por dos pesos acuchillar a alguien como no hacerlo”.

El ministro fue más allá y responsabilizó de manera directa: “Hay que reclamar justicia a quienes tienen la responsabilidad que en este caso son el procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena; Adriana Ibáñez que es la fiscal jefe de Comodoro Rivadavia y Emilio Porras Hernández, el procurador general adjunto de la provincia”.

En esa línea, Martín Buzzi emitió poco después un breve comunicado en el que dio a conocer la decisión de iniciar “un jury de enjuiciamiento para la Fiscalía que entiende en el asesinato del remisero de Comodoro Rivadavia”. Buzzi agregó que “en comunicación telefónica con (el intendente de Comodoro) Di Pierro, entre otras cosas le señalé que avanzaremos con el jury de enjuiciamiento para los representantes del Ministerio Público Fiscal que obstaculizan la acción de la Justicia”.

Buzzi agregó que “la Policía hizo muy bien su trabajo, deteniendo a los autores del hecho. Pero para brindar seguridad a los chubutenses necesitamosque funcionen todos los mecanismos institucionales. Por eso, vamos a iniciar un jury, para juzgar y relevar de sus funciones a aquellos que no cumplan con su deber”.

El gobernador señaló también que “ya son varios los hechos en los que quienes tienen que llevar adelante las causas miran para otro lado. Vamos a ser inflexibles con ellos”.

La respuesta no se hizo esperar. Primero fue el propio Miquelarena quien se defendió a través de un comunicado. “Poner las cosas en su lugar implica advertir que la principal función de los fiscales de Chubut es dirigir la investigación los delitos que se comenten y en su caso pedir a los jueces que impongan las penas que correspondan a los delincuentes. Los fiscales actúan una vez que los hechos ya ocurrieron, buscando su esclarecimiento y el castigo de los responsables”, dijo el jefe de los fiscales.

Y agregó: “Evitar que esos hechos ocurran y brindar seguridad a la comunidad, compete -en forma prioritaria- al Poder Ejecutivo, al ministro de Gobierno, a la Policía del Chubut de acuerdo con lo que mandan nuestra Constitución y nuestras leyes”.

“Es infantil pensar que sólo incrementando el número de personas privadas de libertad se termina con el problema de la inseguridad en la provincia. El diagnóstico es mucho más complejo –aseguró-. Debemos reconocer que un sinnúmero de factores sociales, económicos y culturales confluyen a causar el problema: todos quienes tenemos responsabilidades públicas estamos comprometidos en encontrar una solución. Ratifico una vez más frente a la ciudadanía este compromiso”.

En el mismo sentido se expresó la Fiscalía de la ciudad petrolera. “Las personas que ingresan al sistema penal y que son privadas de su libertad lo hacen con un basamento legal, el Código Procesal Penal, que fue aprobado por la Legislatura provincial con el consenso mayoritario de los partidos que hoy nos representan y que gobiernan la provincia y la ciudad”, se defendió.

“La respuesta concreta al tema de la seguridad debe provenir del poder político”, agregó.

Mientras tanto, los remiseros de la ciudad enfurecidos continuaban bloqueando las calles a la espera de una respuesta a su pedido de justicia. # (Jornada)