A través de una iniciativa generada desde un amplio abanico de instituciones y organizaciones sociales con reconocida trayectoria en la problemática de los derechos humanos, los concejales municipales Darío Rodríguez Duch (CC-ARI), Arabela Carreras (SUR-FpV) y Alfredo Martín (Frente Grande-FpV), han presentado un proyecto de ordenanza destinada a la creación de un Comité Municipal contra la tortura y demás tratos o penas crueles, inhumanos o degrandantes.

Imagen ilustrativa
La presente ordenanza se propone en el marco de la recientemente sancionada Ley Provincial 4621 de Río Negro, a través de la cual se creó el “Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, generándose a través de la presente iniciativa una serie de mecanismos de colaboración local que brindará la Municipalidad para con el Comité provincial a fin de garantizar el fiel cumplimiento de sus funciones.
No debemos olvidarnos, y aún deben resultar hechos determinantes a la hora de la aprobación de la ordenanza propuesta, que la absoluta falta de cumplimiento de estos Protocolos por parte de los funcionarios políticos y agentes policiales que actuaron durante la represión indiscriminada que acabó con las vidas de Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas en Bariloche, así como los dudosos acontecimientos descriptos como “suicidios” de jóvenes en Comisarías, tal como sucediera con el reciente caso de Guillermo Garrido en un calabozo de El Bolsón; podrían haberse evitado si se hubiera brindado fiel cumplimiento a la presente Convención y a su Protocolo Facultativo, al que hoy la Municipalidad se encuentra adhiriendo a través de la presente iniciativa.
Resulta claro que el estado, en todos sus niveles: nacional, provincial y municipal, debe comprometerse en un mismo camino de prevención efectiva y lucha contra la tortura y los demás tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, lo que requiere de una política coordinada entre los tres niveles estatales y de una aceitada combinación de diversas medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otro tipo.
El mecanismo consiste en impedir que se cometan violaciones a los derechos de estas personas mediante visitas sorpresivas por parte de los integrantes del Comité (provincial y municipal), a la vez que generando informes que denuncien, sugieran y recomienden medidas efectivas de sanción y prevención a los responsables, pudiendo incluso hacerse públicos tales datos cuando no se obtengan las respuestas del caso.
A través de la sanción de la presente normativa se ubicará al estado municipal en el rol que le compete a un municipio de primera categoría, a la vez que se estará brindando desde el ámbito público local un mensaje claro y contundente hacia todos los funcionarios públicos y agentes policiales, así como a todo otro responsable de instituciones de encierro a nivel local, de que no se admitirán, bajo ningún concepto, ningún tipo de torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, dado que la Municipalidad adoptará políticas proactivas para su prevención y castigo, exigiendo que las mismas resulten absolutamente erradicadas de todas las dependencias, públicas y privadas, existentes dentro del ejido de la ciudad de Bariloche.
No debemos olvidarnos, y aún deben resultar hechos determinantes a la hora de la aprobación de la ordenanza propuesta, que la absoluta falta de cumplimiento de estos Protocolos por parte de los funcionarios políticos y agentes policiales que actuaron durante la represión indiscriminada que acabó con las vidas de Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas en Bariloche, así como los dudosos acontecimientos descriptos como “suicidios” de jóvenes en Comisarías, tal como sucediera con el reciente caso de Guillermo Garrido en un calabozo de El Bolsón; podrían haberse evitado si se hubiera brindado fiel cumplimiento a la presente Convención y a su Protocolo Facultativo, al que hoy la Municipalidad se encuentra adhiriendo a través de la presente iniciativa.
Resulta claro que el estado, en todos sus niveles: nacional, provincial y municipal, debe comprometerse en un mismo camino de prevención efectiva y lucha contra la tortura y los demás tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, lo que requiere de una política coordinada entre los tres niveles estatales y de una aceitada combinación de diversas medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otro tipo.
El mecanismo consiste en impedir que se cometan violaciones a los derechos de estas personas mediante visitas sorpresivas por parte de los integrantes del Comité (provincial y municipal), a la vez que generando informes que denuncien, sugieran y recomienden medidas efectivas de sanción y prevención a los responsables, pudiendo incluso hacerse públicos tales datos cuando no se obtengan las respuestas del caso.
A través de la sanción de la presente normativa se ubicará al estado municipal en el rol que le compete a un municipio de primera categoría, a la vez que se estará brindando desde el ámbito público local un mensaje claro y contundente hacia todos los funcionarios públicos y agentes policiales, así como a todo otro responsable de instituciones de encierro a nivel local, de que no se admitirán, bajo ningún concepto, ningún tipo de torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, dado que la Municipalidad adoptará políticas proactivas para su prevención y castigo, exigiendo que las mismas resulten absolutamente erradicadas de todas las dependencias, públicas y privadas, existentes dentro del ejido de la ciudad de Bariloche.
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