Image

Las respuestas del Estado no llegan con la eficiencia que deberían.
Tras el estallido de Bariloche, Saiz cometió un pecado: la omisión.

Bariloche mostró otra vez su condición de caldera. En la ciudad coexisten la belleza y la pobreza. La prosperidad y el frío. Una importante comunidad científica y miles de jóvhenes sin contención, instrucción ni oficio. Y mucho más... 
La violencia, se sabe, no es de fácil diagnóstico. Es una construcción social. Del mismo modo, social y participativa debe ser cualquier política que busque prevenirla o remediarla. 
Cada tanto, Bariloche estalla en revueltas de bronca. Episodios de diverso origen la movilizaron en los últimos años. El punto en común ha sido la sensación de abandono respecto del Poder Ejecutivo provincial. La convicción de ser objeto de malas políticas o de la ausencia de políticas de desarrollo social. 
Nadie pensaría en asignarle al gobernador rionegrino responsabilidad directa por el disparo policial que mató por la espalda al chico Diego Bonefoi, de 15 años. Ni de las balas de origen ignorado que acabaron con las vidas de Sergio Cárdenas y Matías Carrasco horas después. 
Pero es indudable que Saiz carga con la responsabilidad política de haber desdeñado durante los seis años y medio que lleva al frente del gobierno provincial la formación de una policía científica, democrática y capacitada. En lugar de eso, ha promovido y defendido una policía corporativa y encubridora, de baja formación profesional y menos dispuesta aún a someterse al escrutinio de la opinión externa, sea ésta judicial, política o ciudadana. 
Hay datos que generan preocupación: Río Negro forma parte hoy de los circuitos de trata de personas, de tráfico de drogas a gran escala, y los ocasionales delitos violentos se han instalado en la vida diaria. Además, varias muertes en las calles y en establecimientos de detención muestran una policía poco eficiente en prevención e investigación, a la vez que brutal en la represión. 
En lugar de políticas claras y correctivos, Saiz ha respaldado y ascendido a Víctor Cufré, un policía que está en las antípodas del ideal de jefe capacitado y respetable. 
Los buenos policías se sienten hoy tan indefensos como las víctimas de delitos. 
Ése es el marco general. En relación con las trágicas jornadas de Bariloche, Saiz ha cometido el mayor de los pecados para un gobernante: la omisión. 
Al momento de comenzar los graves incidentes en el barrio Boris Furman, el gobernador tenía previsto estar en el Circuito Andino para cumplir actividades en El Bolsón y en Bariloche. Pero no aceleró su presencia para ponerse al frente del manejo de la crisis. Actuó desde la distancia y el silencio. Ni una acción o declaración oficial emitió hasta un día y medio después de iniciados los trágicos sucesos. El único que asumió la representación del gobierno provincial ante la emergencia fue el jefe de la Unidad Regional de Policía, Argentino Hermosa. 
En Bariloche hubo gente enardecida por la muerte de un chico y grupos que aprovecharon la situación para generar más violencia. Faltó conducción y manejo del conflicto. Hubo represión, y más muerte. La policía local se vio desbordada y algunos de sus integrantes estuvieron lejos de una actitud disuasiva. Hay fotos que muestran a uniformados listos para disparar con pistolas 9 milímetros. 
Durante más de un día, la policía fue detrás del caos y se volvió parte de él. 
Fue tal la ausencia y la incapacidad de gestión de las autoridades provinciales, que la admitió incluso el intendente radical de Bariloche, Marcelo Cascón, quien el viernes a la tarde encabezó una reunión intersectorial para reclamar atención. "Saiz ni siquiera levantó el teléfono para saber qué pasa en Bariloche", lamentó en público. 
La frase del intendente encubría algo mucho peor: en privado, Cascón admitió que él mismo llamó a Saiz para ponerlo en conocimiento de la tragedia y no le atendió el teléfono. 
Lo que sí hizo el gobernador fue ir esa misma noche a Cipolletti a hablar sobre la reforma de la Constitución. Hasta deslizó que, aun después del fallo adverso de la Justicia, su convicción de avanzar en la consulta popular es tan fuerte que pondrá urnas "en los supermercados". 
Nada diferente podía esperarse de la complejidad social y económica de Bariloche, unida a un estilo de gestión que ha priorizado las conveniencias políticas sectoriales por sobre el interés público. 
Gobernar no es mantener reuniones políticas o declamar desde un escenario. 
Gobernar es asignar prioridades y otorgarles jerarquía política, recursos humanos y un presupuesto operativo. 
Gobernar es tomar decisiones. Y las de Saiz se reflejan en su acción: los esfuerzos humanos y económicos que deberían dedicarse a capacitación, desarrollo social y promoción comunitaria son orientados en gran medida a mantener una red de punteros políticos para todo servicio. 
En Bariloche hay niños y jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad. Y las respuestas del Estado no llegan con la eficiencia que es posible exigir en virtud de las normas nacionales e internacionales vigentes. 
En respeto a la legitimidad democrática, podría decirse que el sistema contempla la posibilidad de error, de imponderables e incluso de incapacidad de gestión. 
Sólo que, en ocasiones, la incapacidad de un gobierno mata. 
Y no sólo por la ausencia o ineficaz implementación de políticas de seguridad. Por la crisis en Salud. Mata la vida de los jóvenes sin contención ni oficio, que acceden más fácil a drogas y armas que a educación y modelos. 
Lejos de esto, Saiz otorga prioridad a intrigas palaciegas y a su cerril determinación por imponer un plan de reforma constitucional. Cualquier conflicto institucional o social es ignorado como si se tratara de una molestia pasajera. 
El Superior Tribunal de Justicia desacomodó las fichas de su puzzle: el viernes utilizó un eufemismo para hacer menos grave el golpe político a la pretensión del mandatario. 
En su fallo, consideró "no operativo" el decreto 341/10 por el cual Saiz había pretendido torcer la reglamentación legal que rige en materia de consultas populares. Y, si bien admitió la posibilidad de "adecuar" la convocatoria al plebiscito planteado por el decreto 342/10, en la práctica esto representa una postergación letal para las aspiraciones del mandatario. 
Es de esperar que, sea por la derrota judicial o por los graves hechos de Bariloche, Saiz replantee su orden de prioridades políticas. 
En ese caso encontrará, sin duda, colaboración en su gobierno, en la Policía, en los municipios y en la comunidad, para pensar estrategias participativas de contención social y seguridad. 
Nunca es tarde para comenzar a trabajar un tema que, como éste, se mide por sus múltiples efectos en la sociedad.